El Gobierno autoriza el desahucio de viviendas en alquiler en un plazo de quince días

Quince días. Este es el plazo para desahuciar a los inquilinos de viviendas en alquiler en caso de que no desalojen voluntariamente el inmueble en los plazos convenidos tras la sentencia judicial conveniente.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hace unos días la ley que fomenta y agiliza los procesos de alquiler de viviendas y su eficiencia energética. Aunque, en una situación real, el plazo máximo para desalojar la vivienda en la que se reside de manera voluntaria puede alargarse hasta un año. La modificación de la Ley Arrendamientos Urbanos (LAU), expresa que tanto los desalojos, por desahucio o por reclamación de pagos, se negocie de forma verbal en un juicio, para evitar un procedimiento lento y costoso. De esta manera, permitirá al Tribunal pertinente dictar una sentencia en un plazo de cinco días.

Además, con esta norma, cabrá la posibilidad de que tanto arrendatario como arrendador puedan llegar a un acuerdo durante el trámite de desalojo, pudiendo absolver la deuda del inquilino –total o parcialmente- si éste abandona el inmueble de manera voluntaria. Asimismo, el plazo de tiempo que suele transcurrir desde que el arrendador presenta un requerimiento de desahucio al inquilino por el impago de las mensualidades y la demanda, se reduce de dos a un mes.

Según la portavoz del Ministerio de Vivienda, Ana María Fuentes, esta medida propiciará el alquiler de inmuebles, reducirá los precios de las rentas y permitirá ‘proteger’ a los dueños de las viviendas en alquiler de posibles ‘abusos’ por parte de los inquilinos y retrasos en los pagos.

Pero esta reforma de la ley no ha quedado libre de críticas. Desde el partido de la oposición, se cree que esta medida no será eficaz ante el colapso administrativo que está experimentado el sistema judicial en España. Otras vertientes políticas consideran que esta medida es un ‘atentado a la sensibilidad social’, ya que las garantías para los inquilinos deben provenir de más fondos públicos y no de una reforma a nivel judicial.

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