El Ejecutivo va a aprobar una reforma laboral sí o sí el próximo 16 de junio, ya sea con el apoyo de los sindicatos y la patronal o sin él. Según un documento al que ha tenido acceso Radio Nacional de España, RNE, el Gobierno estudia la posibilidad de que se incluya una mala situación económica en la empresa como nueva causa para efectuar despidos procedentes.
En la actualidad los despidos procedentes sólo suponen una quinta parte del total, y la causa de una situación económica deficitaria ya existe, aunque los empresarios no lo utilizan porque los empleados, que de este modo cobran 20 días por año trabajado acuden habitualmente a los tribunales y en ocho de cada diez casos el juez lo declara improcedente por lo que obliga a la empresa a pagar finalmente la indemnización por despido improcedente, de 45 días por año de trabajo, más los salarios de tramitación.
Este salario de tramitación equivale al tiempo que transcurre desde que se hace efectivo el despido hasta la resolución del tribunal, por lo que a larga a la empresa le es más rentable aceptar desde el principio la improcedencia del despido, que tener que hacer frente después a más gastos. Según el borrador del documento, una mala situación económica sería acumular impagos de clientes, por lo que deja la puerta abierta a casi todas las empresas.
Otras reformas
A la par que esta reforma de las bases del despido procedente, el Gobierno se plantea también otras como las limitaciones contra el uso abusivo de los contratos temporales por obra y servicio, que en caso de prosperar la reforma no podrían sobrepasar los dos años de duración, al contrario que en la actualidad cuya vigencia es casi ilimitada, y la indemnización, equivale a ocho días de salario por cada año de trabajo. Con ello se intentaría minimizar la dualidad del sistema laboral español con unos trabajadores muy protegidos, los indefinidos y unos muy desprotegidos, los temporales.
Por otra parte, según RNE, el Gobierno sopesa también la posibilidad de implantar el modelo alemán en el que para evitar despidos, la empresa reduce la jornada laboral y con ella el sueldo de los trabajadores y la diferencia la compensa el Estado a cambio de que las horas que restan se empleen en la formación continua del trabajador. Ante todas estas nuevas medidas, los sindicatos aseguran estar ya buscando fecha para una huelga general, la patronal intenta llegar a un acuerdo con el Gobierno y éste ya busca apoyos en el parlamento para apoyar la reforma.
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