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Actualizada a las 11:34 - 02/09/2010
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La Xunta se retracta del canon a los pozos particulares y los concellos se unen al de la telefonía

  • 05 de julio de 2010
  • 12:47
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La nueva Lei de Augas que prepara la administración autonómica, obligada por la Unión Europea, iba a gravar con una cifra simbólica el suministro de aguas particular que no esté regido por la traída municipal, es decir, tanto aquellos pozos particulares como los manantiales de los que se surtían las comunidades de vecinos. Pero la Xunta ha echado cuentas y se ha percatado de que poner en marcha la regulación de este gravamen sale mucho más caro que los ingresos que va a producir por lo que ha buscado una salida legal, para no contradecir la norma europea, que deja sin valor esta obligación, que además les obligaba a correr con los gastos de instalar un contador.

 

La normativa comunitaria obliga a que ningún hogar quede exento de la tasa que grava el consumo de agua y que en Galicia paga el 77% de la población. El 23% restante corresponde a aquellos hogares que se benefician de manantiales comunitarios o pozos propios y que hasta ahora no pagan por su consumo, pese a que en todos los casos fueron ellos mismos quienes se tenían que haber hecho cargo de las obras que les asegurasen el suministro de agua, sin poder acceder a ninguna ayuda o subvención para ello, al contrario que aquellas familias que consumen a través de la traída municipal que pagan sólo por consumo y alquiler y no por la obra en sí.

 

Atajos legales

Por este motivo, la nueva Lei de Augas tenía previsto que ese 23% de la población, lo que equivale a unas 200.000 familias y 632.000 ciudadanos según los datos de que dispone la Consellería de Medio Ambiente y que obtenían el agua en un 10% a través de traídas vecinales y el resto de pozos de su propiedad, pagasen la cuota con una sustanciosa reducción puesto que ya habían tenido que hacerse cargo de las obras de prospección y traída y han de hacerse cargo además de su mantenimiento. Esa reducción equivaldría al 80% del canon hasta el momento en que se conectasen a las traídas municipales, por lo que un hogar de tres miembros con un consumo medio pagaría al mes unos 0’40 euros.

 

Sin embargo, una vez con los datos en la mano, la Xunta se ha dado cuenta de que la tramitación y gestión tributaria de este canon resultaría más costosa que la propia recaudación y ha decidido buscar una argucia legal para evitar más gastos en época de recortes, pero sin contradecir la normativa europea que obliga a pagar a todos los ciudadanos por el consumo que hacen del agua, indistintamente de dónde provenga esta. Y lo ha hecho a través de una disposición adicional, que será la decimocuarta de la ley, donde se especifica que existe una excepción a la aplicación de ésta cuando su ejecución resulte ‘antieconómica’, es decir, que la gestión de su cobro sea superior a la recaudación que hará la administración. Por lo tanto, queda toso como estaba, aunque la Xunta ha de revisar anualmente el coste y la recaudación de esta tasa para no incurrir en una ilegalidad.

 

Ocupación del espacio por telefonía

Caso contrario es el del cobro de una tasa a las operadoras de telefonía por parte de los ayuntamientos en concepto de ocupación del espacio aéreo. Pese a que desde hace algunos meses hay casos en toda España, en los más recientes se han ido uniendo a esta idea más concellos gallegos como es el caso de A Coruña, Curtis, Vilanova de Arousa, Pontecesures, Cangas, Ares o Avión. Esto ha sido sin duda propiciado por el fallo del Tribunal Supremo que dictó sentencia a favor del Ajuntament de Badalona y sentó precedente, por lo que se postuló claramente a favor de los ayuntamientos.

 

El alto tribunal estima que las compañías tanto de telefonía móvil como fija realizan ‘una utilización privada o un aprovechamiento del espacio de dominio público local’, ya bien sea a nivel de suelo en caso del cableado o del espacio aéreo en caso de las ondas de las antenas de telefonía. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de este tipo de normativas obliga a las empresas a pagar el impuesto o recurrir a un contencioso administrativo en caso de que estén en desacuerdo, aunque son contados los casos en que lo hacen. Algunos municipios han decidido cobrar además de una tasa fija por la utilización del espacio, por el número de usuarios de cada compañía en función de cómo se repartan el mercado en esa localidad.

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