La ley impulsa la capacidad reguladora de las autonomías en el sector comercial

Sebastián deja a las comunidades la autonomía para ‘jugar’ con el sistema que se ha planteado para la regulación del comercio. La recién aprobada Ley de Comercio trae cola, ya que la liberalización de los servicios no acaba de gustar en España, ya que solo se aplicará bien si las comunidades autónomas toman la decisión de ‘deshacer’ la débil regulación con la que se controlan las empresas de este sector.

Esta ley, aprobada por el Consejo de Ministros hace unos días, anula el régimen de permiso para todos establecimientos comerciales. Con ‘carácter general’ suprime tal y como solicitaba la Comisión Nacional de la Competencia, la descripción de gran establecimiento comercial, es decir, aquellos que sobrepasan los 2.500 metros cuadrados.  Aunque esta misma ley argüe que dependiendo de la información referida a las condiciones medio ambientales y urbanísticas de los distintos establecimientos, ‘se considera que, aunque en general no resulte justificada la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse  regímenes de autorización especiales’. O lo que es lo mismo, las autonomías tendrán la potestad de decidir si las peculiaridades del entorno urbano o del medio ambiente son motivo para instalar lindes al emplazamiento de establecimientos comerciales, cualquiera que sea, y no solo hipermercados, como se venía haciendo hasta ahora.

El único requisito para esto es aunar todos los trámites de concesión de licencias y que se ‘identifiquen’ en las futuras normativas o disposiciones regionales los motivos que lleven a implantar fronteras a la libertad empresarial.  

Por tanto, las autonomías tienen la ‘competencia exclusiva’ en cuanto a comercio interior se refiere, y serán ellas las que regularicen los procesos de autorización del comercio. Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias y Cataluña ya están en proceso de reforma. Esta última, en su anteproyecto de ley, ha encuadrado la ubicación de los ‘grandes proyectos comerciales de manera estratégica’, limitando el libre movimiento a ciertos establecimientos comerciales.

Esta noticia ha suscitado ciertas críticas. Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, dice que esta reforma comercial se concretará en una ‘sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios’.

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